Bárbara Botello en rueda de prensa informó que la, la Procuraduría de Derechos Humanos, ordenó a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas el ingreso al Registro Estatal de Víctimas, con esto la ex presidenta tendrá derecho a una serie de prestaciones enlistadas en la Ley, entre las que se encuentran, disculpa pública, atención médica y psicológica y a una compensación económica.
Recordó, que a partir de que dejó de ser presidenta municipal de León, se realizaron diversas investigaciones en su contra, sin que se le notificara y llamara a declarar, dijo que la forma en que se enteraba de las investigaciones de la Fiscalía era “por las notas que aparecían en el periódico am, quien se convirtió en el periódico oficial del PAN gobierno”. La incertidumbre que esto le generaba hizo que asistiera en varias ocasiones a las oficinas de la Fiscalía pero señaló que jamás la atendieron por eso tramitó un amparo en el año 2018 y le fue concedida la suspensión del acto reclamado para evitar ser detenida de manera arbitraria aseguró.
“Sin embargo, la Fiscalía de Carlos Zamarripa Aguirre violó la suspensión concedida por un juez federal y en fecha 30 de mayo de 2019 me detuvieron con lujo de violencia, con exceso de fuerza, violando mis garantías de seguridad jurídica y pisoteando mis derechos humanos. Ante la falta de elementos, al siguiente día fui liberada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, me privaron de la libertad arbitrariamente, me torturaron física y psicológicamente, me dañaron en mi honor y en mi patrimonio y siguieron acosándome con ejercicios de la acción penal sin ningún fundamento y de forma perversa.
De cada una de sus acusaciones me defendí en los juzgados y en todas ha quedado de manifiesto mi inocencia. No hay una sola denuncia o querella que les haya fructificado a los panistas y todo ha sido un show mediático para vengarse de la derrota política que les propiné en 2012. Y también vengarse de que soy una opositora que levanta la voz al régimen autoritario, de corrupción, privilegios y abusos de poder que el PAN ha ejercido durante más de treinta años en Guanajuato”.
Informó que en las acciones que emprendió para defenderse del Estado, acudió a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos a interponer una queja, por la cual la Procuraduría emitió la recomendación 26/20-A en el año 2021.
En esa recomendación, el Ombudsman estatal determinó que fueron violentados sus derechos humanos, violadas sus garantías de seguridad jurídica y fue víctima de abusos por parte de la Fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa.
Informó además que “Derivado de dicha recomendación, la Procuraduría de Derechos Humanos, ordenó a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas el ingreso al Registro Estatal de Víctimas”.
Con este ingreso aseguró Bárbara Botello, tienen derecho a una serie de prestaciones enlistadas en la Ley, entre otras las que se encuentran, disculpa pública, atención médica y psicológica y a una compensación económica.
“Más allá de las medidas a que vaya a dar lugar la resolución de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, para mí lo realmente relevante es que las resoluciones tanto de la Procuraduría de Derechos Humanos como la de la Comisión de Víctimas me dan la razón en mi lucha que ya es de 10 años, por defenderme de la persecución del PAN-Gobierno y de Carlos Zamarripa, quien ha sido su brazo armado.
Y estas resoluciones son importantes, porque durante 10 años he sido víctima de la persecución política, pero dos instituciones del propio Estado me dan la razón, con lo cual caen por su propio peso las mentiras y los montajes que levantaron en mi contra la última década.
Estamos a unas semanas de que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas emita la resolución definitiva en la que establezca a qué medidas tengo derecho para resarcir la violación de mis derechos humanos.
Por eso resulta muy oportuno darlo ahora a conocer, porque es inminente la salida de Zamarripa de la Fiscalía. De hecho, en uno más de sus abusos de poder, ha modificado el Reglamento de la Fiscalía para darse a sí mismo una pensión dorada, frente a las pensiones tan modestas que los trabajadores del Estado reciben del ISSEG.
Este último abuso del Fiscal Carlo Zamarripa, tolerado por Diego Sinhué, quien gobierna, pero no manda, es el culmen del cinismo y de la degradación a que ha llegado este gobierno.
Yo le digo a Carlos Zamarripa desde aquí, que, en lugar de pedir PENSIÓN, pida PERDÓN por tener desde hace años al estado con más asesinatos en el país, más policías asesinados, mujeres asesinadas, las fosas, desaparecidos y la inoperancia en las detenciones de los delincuentes, la nula coordinación con los demás niveles de gobierno y permitir durante años llegar a este grado de violencia en la entidad.
Por eso queremos dar ejemplo de que se pueden denunciar los abusos que cometió Carlos Zamarripa a lo largo de su larga permanencia en la Fiscalía.
¿Cuántas personas más sufrieron violación de sus derechos humanos por parte de la Fiscalía en todo este tiempo?
Repito, queremos dar ejemplo de que se puede e invitar a todos los guanajuatenses que hayan sido agraviados por Carlos Zamarripa y sus secuaces a denunciar, a dar a conocer públicamente y exhibirlo como lo que es: un violador de los derechos humanos y abusador del poder.”